Episodios recientes de corrupción corporativa global indican que los mecanismos actuales de regulación corporativa, como los procedimientos de gobierno corporativo que se enfocan en los deberes de los directores y la legislación existente, han resultado insuficientes en lo que respecta a la protección de los intereses de los accionistas de actos de malversación corporativa. La ley actual parece equilibrar inadecuadamente los derechos de los accionistas con el poder de control corporativo que tienen los directores. Como resultado, ha sido fácil para los directores y gerentes cometer todo tipo de irregularidades corporativas. A nivel mundial, hay indicios alentadores de que tales desequilibrios y lagunas se están taponando para garantizar que los intereses de la empresa no se roben con crueldad. En los Estados Unidos, por ejemplo, la reforma Sarbanes-Oxley de 2001 es digna de mención, y en los países del Commonwealth del Caribe como Jamaica, especialmente después del colapso del sector financiero de la década de 1990, han reformado sus leyes de compañías y seguros, para incorporar medidas y mecanismos estrictos para prevenir la corrupción empresarial.